PROTECCIÓN DE MENORES EN REDES SOCIALES | SEGURIDAD DIGITAL O RIESGO PARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
El anuncio de que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y reforzará el control sobre las plataformas digitales ha generado un intenso debate jurídico, social y económico.
La medida se presenta como una respuesta necesaria frente a los riesgos del entorno digital, pero plantea interrogantes relevantes desde la perspectiva del Derecho, la privacidad y las libertades fundamentales.
La protección de los menores es un objetivo legítimo y compartido. El uso intensivo de redes sociales expone a niños y adolescentes a fenómenos como el acoso, la manipulación algorítmica, la violencia digital o la desinformación. Sin embargo, la forma en que se articule esta protección será clave para preservar el equilibrio propio de un Estado de Derecho.
La protección de los menores es un objetivo legítimo y compartido.
EL RETO DE VERIFICAR SIN VIGILAR
Para hacer efectiva una prohibición de acceso por edad será necesario implantar sistemas de verificación, control y trazabilidad. Y aquí surge una cuestión esencial.
¿ Cómo garantizar estos mecanismos sin afectar a la privacidad del conjunto de los usuarios, incluidos los adultos?
La creación de huellas digitales, sistemas de rastreo o verificación masiva puede entrar en conflicto con principios básicos de la protección de datos personales, como la minimización del tratamiento, la proporcionalidad y la limitación de la finalidad, reconocidos en el RGPD y en la normativa española.
El riesgo es evidente: medidas pensadas para proteger a los menores podrían derivar en mecanismos de vigilancia generalizada, normalizando el seguimiento de la actividad digital de toda la población.
Se pone en peligro la privacidad del conjunto de los usuarios incluidos lo adultos.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CONTROL DE CONTENIDOS
Otro de los elementos anunciados es el refuerzo del control sobre los contenidos publicados en plataformas digitales y la posible responsabilidad directa de sus directivos. Esta aproximación abre un debate especialmente sensible sobre la libertad de expresión.
El control preventivo de contenidos, la investigación de algoritmos o la identificación de supuestas “huellas de odio o polarización” deben analizarse con cautela. En una sociedad democrática, regular no puede equivaler a censurar, ni controlar puede convertirse en limitar el pluralismo, el debate público o la crítica.
Regular no puede equivaler a censurar.
PROTEGER SIN VULNERAR DERECHOS FUNDAMENTALES
Desde el punto de vista jurídico, la cuestión no es si el entorno digital debe regularse —eso es indiscutible—, sino cómo hacerlo.
Toda medida que limite derechos fundamentales debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Proteger a los menores no puede justificar la erosión de derechos como la intimidad, la protección de datos o la libertad de expresión del resto de ciudadanos. La seguridad jurídica exige normas claras, delimitadas y sujetas a control, evitando interpretaciones expansivas o discrecionales.
Toda medida que limite derechos fundamentales debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
UN DEBATE JURÍDICO IMPRESCINDIBLE
La transformación digital avanza a gran velocidad, pero también lo hace la necesidad de preservar los principios que sostienen nuestras democracias.
El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio real entre protección, libertad y privacidad, sin sacrificar derechos fundamentales en nombre de una seguridad mal definida.
La regulación de las redes sociales no puede abordarse desde la urgencia ni desde el eslogan político. Requiere reflexión jurídica, diálogo social y un compromiso firme con el Estado de Derecho.
Porque en una sociedad libre, proteger no puede significar vigilar sin límites, ni regular puede convertirse en controlar todo lo que se dice, se publica o se comparte en el entorno digital.
El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio real entre protección, libertad y privacidad
Elaborado por: Laura Gallego. Community Manager
Estudio Jurídico De La Vega y Asociados
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