La OCDE pone el foco en las residencias a cambio de inversiones
De un tiempo a esta parte ya se sabe que aparecer en una lista no indica ni presagia nada bueno. Es el comienzo de un proceso que normalmente acaba en prohibiciones, carga fiscal adicional o, más frecuentemente, quedar señalado para que después se activen numerosos mecanismos de control, compliance y a la larga, una sobrecarga administrativa para los particulares (entidades de todo tipo incluidas) que acaban haciendo el trabajo de las autoridades.
Desde la crisis del 2008, numerosos países, España incluida, pusieron en marcha distintas iniciativas tendentes a atraer capitales extranjeros de personas físicas.
La finalidad de estas iniciativas era: activar el consumo interno, el mercado inmobiliario, o simplemente para ofrecer lo único que en ese momento podía competir con países mejor parados de la crisis, las economías emergentes, en los cuales frecuentemente se ansía establecerse en un entorno que ofrezca estabilidad, seguridad jurídica (o lo que queda de ella) y estándares altos de vida y servicios.
Y así es como nacieron las Residencias por Inversión (RBI en terminología de la OCDE) o “Golden Visas”.
En algunos casos, como en España o Portugal, por una módica inversión, por la creación de una empresa en sectores innovadores, por la compra de deuda pública o sencillamente asumiendo una tarifa plana impositiva (flat tax) como en Italia, se accede a la residencia en plazos más o menos breves.
Y ha funcionado. Países como España, Grecia, Chipre, Portugal, Reino Unido o Hungría, entre otros, desarrollaron programas similares, atrayendo, en el caso de España, según la OCDE, más de 1.000 millones de euros por año en inversión extranjera, seguida de Chipre con 914 millones, Portugal con 670 millones y Reino Unido con 498 millones (en este caso ha habido un frenazo debido al proceso del Brexit).
Entonces, ¿ cuál es la queja de la OCDE ?
Pues haciendo gala de la tradicional tendencia a pensar bien, este organismo internacional alerta de que el acceso a la RBI podría ser un mecanismo para eludir los estándares de intercambio de información fiscal (CRS o common reporting standards), fomentar la evasión fiscal e incluso el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Vamos, el pack habitual completo.
El 20 de Noviembre pasado, la OCDE analizó más de 100 países donde existen beneficios de residencia, concluyendo que 21 de ellos presentaban alto riesgo para el cumplimiento del intercambio de información o CRS, o sencillamente ofrecían una competencia desleal en materia fiscal.